miércoles, diciembre 15, 2004
Otra vez Pinochet
Nadie discute que Chile es un buen ejemplo para Iberoamérica. Un paradigma de cómo puede cuajar una sociedad abierta y avanzada en el difícil escenario geográfico iberoamericano. A diferencia de otros países hermanos, se ha conseguido consolidar progresivamente la democracia dentro de un marco de bienestar envidiable. De hecho, Chile ha sorteado milagrosamente los escollos en los que otras naciones iberoamericanas han embarrancado. En este sentido, el proceso de transición política chileno ha sido modélico. No sólo por la sensatez de los partidos y la clase política en general, sino por la lección de responsabilidad del pueblo chileno y, sobre todo, por la generosidad que han exhibido aquellos que soportaron, de un modo u otro, la brutal represión de la dictadura pinochetista.
En ocasiones, el valor de la magnanimidad porta consigo una ejemplaridad histórica que hace posible el éxito de una sociedad. Las naciones que han comprendido esto han logrado cimentar en la experiencia del pasado un asidero de estabilidad desde el que han conseguido fortalecer sus lazos cívicos y su prosperidad. Éste ha sido y es el caso de Chile.
Ser capaz de mirar hacia adelante y tratar de olvidar es algo más que un gesto político: es una apuesta sacrificada por el futuro de un país; una apuesta histórica por la justicia que apreciarán en toda su intensidad las generaciones venideras.
Es indudable que Chile sufrió una dictadura atroz en los años 70. Es más, nadie niega tampoco que Pinochet es la cabeza visible en la que se personifican la violencia y la represión ordenada por un régimen que secuestró la libertad a todo un pueblo. Hoy, Chile es lo que es porque ha manifestado colectivamente la voluntad de construir un futuro de concordia colectiva que ha conseguido suturar el costurón emocional que dejó abierta la herida de la tiranía.
El proceso judicial abierto dentro del caso que enjuicia el «Plan Cóndor» corre el riesgo de abrir esa herida. El procesamiento de Pinochet plantea un escenario complejo cuyo desenlace es difícil de aventurar. Nadie discute que estemos ante la legítima aspiración de quienes reclaman la justicia de que no se silencie el sufrimiento que padecieron las familias de 2.000 víctimas. Es más, su dolor es el dolor de una sociedad y su demanda es, también, la demanda de justicia de un pueblo. La única duda que cabe plantearse es si la condena ejemplar que puede recaer sobre el dictador -y que no podrá ser ejecutada por su edad- compensará los riesgos a los que aboca colectivamente. Pero la Justicia no tiene fecha de caducidad.
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